La Justicia Detiene el Desmantelamiento del INTI
Un fallo judicial ha puesto un freno a los planes del gobierno de Javier Milei de reestructurar y potencialmente desmantelar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La jueza Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, dictó una medida cautelar que impide al gobierno realizar cambios en el organismo por un plazo de seis meses.
Esta medida cautelar, impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), busca proteger al INTI de posibles reubicaciones, traslados, despidos, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras. El fallo surge como respuesta al decreto 462/2025, que ordenaba una reconfiguración de varios organismos del Estado, incluyendo el INTI, transformándolo en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
Implicaciones del Fallo
El fallo judicial no solo detiene el desguace del INTI, sino que también plantea interrogantes sobre la legalidad de los decretos del Ejecutivo para desmantelar y liquidar organismos estatales. Se argumenta que estos decretos carecen de sustento legal y representan un intento de imponer políticas fiscales dictadas por el FMI.
- Protección del Empleo: La medida cautelar garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores del INTI por al menos seis meses.
- Continuidad de Proyectos: Se asegura la continuidad de los proyectos de investigación y desarrollo que lleva adelante el instituto.
- Debate Público: El fallo judicial abre un debate público sobre el rol del Estado en la ciencia y la tecnología.
La Rural y el INTA: Visión Contrapuesta
En paralelo, la Sociedad Rural Argentina (SRA) ha expresado su visión sobre el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), abogando por una reorganización que lo subordine a los intereses del agronegocio. El presidente de la SRA, Nicolás Pino, ha propuesto una reforma laboral en el sector rural y una mayor seguridad en las zonas rurales, lo que implica un control más estricto y una posible criminalización de la protesta social.
Esta visión contrasta con la de los trabajadores del INTA, quienes defienden un instituto autónomo, con derechos laborales y una investigación crítica que beneficie a toda la población, no solo a los grandes productores.
El futuro del INTI y del INTA sigue siendo incierto, pero el fallo judicial y el debate público plantean la necesidad de un diálogo amplio y participativo para definir el rol de estos organismos en el desarrollo del país.