A medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales del 28 de octubre de 2025, la situación política en Tanzania se torna cada vez más tensa. Observadores tanto locales como internacionales han manifestado su preocupación por el aumento de la violencia, la creciente represión política y el clima de miedo que se respira en el país.
Recientemente, activistas extranjeros han denunciado actos de "crueldad inimaginable" por parte de las fuerzas de seguridad. Estas acusaciones se suman a las ya existentes sobre detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y otros abusos contra la oposición política.
Preocupación de la Iglesia Católica
La Iglesia Católica en Tanzania ha expresado su inquietud ante la lentitud en las investigaciones del brutal ataque sufrido por el Padre Charles Kitima, Secretario General de la Conferencia Episcopal de Tanzania (TEC), en la sede de la TEC en Kurasini, Dar es Salaam, ocurrido en la noche del 30 de abril de 2025. El Presidente de la Conferencia Episcopal, el Obispo Wolfgang Pisa OFM, ha instado a los ciudadanos a orar por el país para que conserve su reputación como un oasis de paz, "bendecido con sistemas sólidos, instituciones y leyes justas."
Denuncias de Organizaciones de Derechos Humanos
Organizaciones internacionales de derechos humanos también han alzado la voz de alarma. Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2025, critica a las autoridades tanzanas por intensificar la represión contra la oposición política, incluyendo arrestos arbitrarios, detenciones, desapariciones y restricciones a la libertad de expresión. Amnistía Internacional también ha expresado su preocupación por lo que describe como un "intensificación de una brutal represión contra la disidencia pacífica."
- Aumento de la violencia política.
- Restricciones a la libertad de expresión.
- Detenciones arbitrarias.
- Preocupación internacional por la situación de los derechos humanos.
La comunidad internacional observa con atención la evolución de la situación en Tanzania, instando al gobierno a garantizar un proceso electoral libre y justo, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos.