Decenas de personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector se congregaron en Plaza de Mayo en una emotiva vigilia para exigir a la Cámara de Diputados que revierta el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. La manifestación, impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, contó con la participación de diversas organizaciones y ciudadanos que se sumaron para expresar su apoyo.
Bajo la consigna "Sin la ley, estamos condenados", los manifestantes, desafiando la lluvia, portaban paraguas y velas, símbolos de su reclamo y la esperanza de un futuro mejor. Débora Ferrilli, presidenta de la asociación civil Unidos por la Alegría, expresó la angustia de las familias con hijos con discapacidad ante los recortes que impactan directamente en terapias y el funcionamiento de centros de día.
El impacto del ajuste en el sector de la discapacidad
Ferrilli, ex asesora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el área de Discapacidad, enfatizó la necesidad urgente de que los diputados actúen con responsabilidad y sensibilidad ante la situación. "Estamos sufriendo mucho las familias que tenemos hijos con discapacidad a raíz del recorte en las terapias, con los centros de día que no pueden trabajar y el resto de las consecuencias del ajuste", declaró.
¿Qué implica la ley de emergencia en discapacidad?
Si bien Ferrilli reconoció que la ley no es una solución definitiva, la considera un paso crucial para aliviar la crisis actual. Un aspecto fundamental de la iniciativa es la actualización de los aranceles del Nomenclador, un reclamo histórico del sector. La falta de actualización de estos aranceles dificulta la prestación de servicios y pone en riesgo la calidad de vida de las personas con discapacidad.
- Actualización de aranceles del Nomenclador.
- Garantizar el acceso a terapias y centros de día.
- Mitigar el impacto del ajuste en las familias.
La vigilia frente a la Casa Rosada es una muestra de la determinación del colectivo de personas con discapacidad y sus familias para defender sus derechos y exigir al gobierno que priorice sus necesidades. La decisión final está ahora en manos de los diputados, quienes deberán decidir si revierten o no el veto presidencial.