La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ordenado al Estado provincial de Entre Ríos a asumir los costos del proceso judicial y los honorarios de los abogados de Cecilia Goyeneche, exprocuradora adjunta y fiscal anticorrupción, quien fuera destituida en 2022. Esta decisión se produce tras la anulación de la remoción de Goyeneche, quien lideró investigaciones contra el ex gobernador Sergio Urribarri, condenado por corrupción en 2022.
Si bien los montos exactos aún no se han definido y se resolverán en una instancia posterior, la resolución emitida este martes consolida la victoria legal de Goyeneche. En diciembre de 2024, el máximo tribunal ya había fallado a su favor, declarando nula la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento provincial que la removió de su cargo.
La Corte Suprema, en la resolución firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, se basó en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Este artículo establece que, por norma general, las costas judiciales deben ser impuestas a la parte vencida en el litigio, a menos que existan razones que justifiquen una excepción, lo cual no se consideró aplicable en este caso.
En consecuencia, el Estado entrerriano deberá cubrir todos los gastos incurridos durante el extenso proceso judicial. Esta disposición beneficia directamente a los abogados que representaron a Cecilia Goyeneche: Alberto B. Bianchi, Lino B. Galarce y Santiago M. Castro Videla. Además, la Corte ordenó la devolución del depósito judicial realizado en relación con la sentencia de diciembre pasado.
Este fallo representa un importante precedente en la defensa de funcionarios judiciales que investigan casos de corrupción, garantizando que no sean perjudicados económicamente por defender la legalidad y rendición de cuentas.