La declaración judicial de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, sigue generando controversia. Mientras el PP minimiza sus admisiones, enfocándose en que “mentir no es ilegal”, la atención se centra en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien podría enfrentar graves consecuencias.
¿Lawfare contra el Fiscal General?
Desde el Partido Popular, se insiste en que García Ortiz será quien se siente en el banquillo de los acusados, sugiriendo una posible persecución judicial. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, evitó valorar directamente las declaraciones de Rodríguez, pero remarcó que el fiscal enfrentará un juicio, mientras que Rodríguez es solo un testigo.
La defensa del fiscal general, según el PP, filtró fragmentos de las declaraciones, lo que consideran una estrategia de “Moncloa y su entorno”. Esto alimenta la narrativa de una posible manipulación política del proceso.
Mentir no es Ilegal, ¿Pero Ético?
La admisión de Rodríguez de haber mentido sobre el caso de la pareja de Ayuso desató una ola de críticas. Sin embargo, fuentes del PP argumentan que “mentir no es ilegal” en la esfera pública, diferenciándolo del delito de falso testimonio ante un juez. Esta postura levanta interrogantes sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Más allá de la legalidad, la cuestión central es si la información falsa difundida por Rodríguez influyó en la opinión pública y afectó la imagen de terceros. La polémica continúa, mientras el caso del fiscal general se encamina hacia una instancia judicial que promete ser explosiva.
La situación plantea interrogantes sobre la independencia judicial y la posible utilización de la justicia con fines políticos, temas recurrentes en el debate público argentino. ¿Estamos ante un caso de lawfare o ante un proceso judicial legítimo? La respuesta, como siempre, parece estar en el ojo del observador.