La escena quedó marcada por la violencia y por el silencio posterior. Lo que ocurrió aquella mañana en el barrio 135 Viviendas no fue una discusión más ni un cruce aislado: fue un episodio que, por su crudeza, terminó con un hombre luchando por su recuperación y con tres personas detenidas mientras avanza una causa por tentativa de homicidio. El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de presentación de los imputados.
El caso se desarrolló en el barrio 135 Viviendas, zona conocida por su dinamismo social y conflictos recurrentes. La violencia registrada en este espacio no es un evento aislado, sino parte de una tendencia más amplia que afecta a múltiples comunidades en la región de Salta. Los tres imputados, entre 20 y 35 años, fueron identificados como pertenecientes a grupos locales que sufren frecuentes desacuerdos en espacios públicos. La investigación indica que la agresión comenzó con una discusión sobre el uso de espacio público, que se descontroló rápidamente.
Según el informe del Ministerio Público Fiscal, el hombre afectado sufrió golpes intensos y lesiones en el torso que requirieron dos intervenciones quirúrgicas. Su condición crítica fue causada por una combinación de impactos en el abdomen y desplazamiento de órganos internos. El fiscal González destacó que la situación fue extremadamente grave, destacando que las heridas eran consistentes con un ataque armado, no una discusión descontrolada.
El Ministerio Público Fiscal de Salta ha tomado medidas preventivas para evitar recurrencias en el área. Este caso se incluye en una campaña de seguridad que busca abordar la violencia en espacios públicos, particularmente en zonas con alta densidad poblacional y baja presencia de servicios de seguridad. Los tres imputados están bajo prisión preventiva por tentativa de homicidio, lo que refleja la seriedad con la que el Ministerio Público Fiscal aborda estos casos.
El contexto del caso muestra cómo la violencia en espacios públicos se ha vuelto un problema crítico en la región. Los funcionarios locales destacan que la falta de recursos para atención médica adecuada y el desplazamiento de poblaciones a zonas más vulnerables son factores que contribuyen a estos incidentes. La investigación continúa para establecer las responsabilidades exactas de cada uno de los imputados.
Este caso no solo afecta a la víctima, sino que también refleja las dificultades estructurales en el manejo de conflictos en entornos urbanos. Los responsables de la seguridad pública deben trabajar en colaboración con el Ministerio Público Fiscal para implementar estrategias que prevengan futuras violencias en áreas similares.