La Ciudad de Brampton ha implementado una nueva normativa que obliga a los dueños de establecimientos comerciales a pagar una multa de $100 cada vez que los empleados municipales deben recolectar y devolver carritos de compra abandonados en espacios públicos de la ciudad. Este cambio, que forma parte del presupuesto 2026 aprobado el 6 de febrero, responde a un creciente número de denuncias sobre este problema en las zonas verdes y parques municipales.
Según información proporcionada por el Consejo Municipal de Brampton, el tema fue abordado por primera vez en una reunión en septiembre de 2025, cuando la concejal Rowena Santos destacó la necesidad de una medida efectiva para combatir la acumulación de carritos abandonados. Este problema, que afecta principalmente a tiendas de alimentos y otros comercios, genera costos significativos para el personal municipal, que debe desplazarse para recuperar los objetos y llevarlos a áreas de reciclaje o almacenamiento.
La medida no solo busca reducir la presencia de carritos en áreas públicas, sino también recuperar costos asociados con el trabajo de recolección y el transporte de estos objetos. Según datos preliminares, el costo promedio por cada recogida es de aproximadamente $150, lo que implica una inversión económica importante para el gobierno municipal en el manejo de este problema.
Esta decisión refleja un enfoque cada vez más preciso en la administración municipal, donde las multas se utilizan para incentivar el cumplimiento de normativas básicas en áreas de seguridad y orden público. Además, la normativa ha sido bien recibida por muchos comercios que reconocen la importancia de mantener un espacio limpio y ordenado en los parques y zonas verdes.
Es importante destacar que la multa se aplica exclusivamente a los dueños de tiendas que dejan carritos en áreas municipales, independientemente de su tamaño o tipo. Esto significa que incluso pequeños carritos de plástico pueden generar una multa si son encontrados por personal municipales.
El alcalde de Brampton, Chris H. Johnson, ha explicado que esta medida busca no solo resolver el problema de los carritos abandonados, sino también fomentar un sentido de responsabilidad en el uso de recursos públicos. Según el informe, el número de denuncias en los últimos seis meses ha aumentado un 40% en comparación con el año anterior, lo que justifica la necesidad de una acción rápida.