El gobierno de Javier Milei ha generado controversia con la reciente fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). La medida, oficializada a través del Decreto 396/2025, se enmarca dentro del plan de ajuste y desregulación del Estado, buscando una mayor eficiencia administrativa y funcional, así como una optimización del gasto público.
¿Qué implica la fusión?
En la práctica, el SEGEMAR absorberá todas las funciones, recursos y personal del INPRES, con sede principal en San Juan. El INPRES, fundado en 1972, es un organismo clave en la investigación sísmica y la prevención de desastres naturales en Argentina. El Gobierno argumenta que ambas instituciones compartían competencias en el estudio del subsuelo, la elaboración de información técnica para la gestión territorial y la formulación de estándares regulatorios, lo que generaba ineficiencias.
El INA también afectado
Además de la fusión INPRES-SEGEMAR, el Gobierno también transformó el Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Obras Públicas. Esta decisión busca, según el oficialismo, fortalecer la coordinación de políticas públicas en infraestructura hídrica.
Críticas y Debates
Si bien el gobierno defiende la medida como una forma de racionalizar el Estado y evitar la superposición de funciones, la decisión ha generado preocupación, especialmente en San Juan, una provincia altamente sísmica. Algunos sectores temen que la fusión pueda debilitar la capacidad de prevención y monitoreo sísmico del país, poniendo en riesgo a la población. La incertidumbre sobre el futuro de los empleados del INPRES y la posible pérdida de expertise en un área tan sensible también son motivo de inquietud.
El decreto garantiza que las funciones técnicas esenciales de los organismos disueltos o fusionados se mantendrán y que el personal conservará sus cargos. Sin embargo, la implementación de la fusión y sus efectos a largo plazo aún son inciertos. La discusión sobre el equilibrio entre la eficiencia administrativa y la seguridad pública en materia de riesgos naturales continúa abierta.
- Centralización de funciones técnicas.
- Optimización del gasto público.
- Preocupación por la prevención sísmica.