Un escándalo de proporciones sacude al gobierno tras revelarse irregularidades en el ingreso de valijas al país. La Justicia investiga un posible caso de contrabando relacionado con el equipaje de Laura Belén Arrieta, integrante de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), quien regresó de Miami en un vuelo privado.
La investigación revela más valijas de las declaradas
Inicialmente, se informó que Arrieta había ingresado con cinco valijas sin pasar por los controles aduaneros correspondientes. Sin embargo, una investigación posterior, impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el Ministerio Público Fiscal, reveló que en realidad fueron diez las valijas que evitaron la inspección.
Imágenes difundidas por TN muestran a Arrieta y a dos colaboradores descargando un número mayor de valijas al inicialmente reportado, contradiciendo la versión oficial desmentida por el vocero Manuel Adorni y un comunicado de la Aduana.
Vínculos con el poder y la sombra del contrabando
La investigación se centra en determinar si existió una orden para que el equipaje de Arrieta no fuera controlado, debido a sus presuntos vínculos con empresarios y funcionarios del gobierno, derivados de su conexión con la CPAC y su relación con figuras cercanas a Donald Trump. El vuelo privado en el que viajaba Arrieta pertenece al empresario Leonardo Scatturice, ex agente de la SIDE y flamante dueño de Fly Bondi, quien también tiene vínculos con el gobierno.
El diputado Maximiliano Ferraro denunció que el gobierno mintió y ocultó información sobre el caso, luego de que se rechazaran sus pedidos de acceso a información pública sobre el vuelo y el equipaje. La causa judicial también analiza posibles delitos en la llegada de la aeronave, propiedad de Scatturice.
Implicaciones y futuro de la investigación
Este escándalo representa un nuevo desafío para la administración actual, generando interrogantes sobre la transparencia y el control en los ingresos al país. La investigación judicial continúa avanzando, buscando determinar las responsabilidades y las posibles consecuencias legales para los involucrados. La atención pública se mantiene sobre el caso, a la espera de nuevos desarrollos y revelaciones.