Después de más de seis meses de inactividad, el Gobierno ha convocado a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) para discutir un posible aumento salarial para las empleadas domésticas en Argentina. La reunión, programada para el 14 de julio, busca abordar la creciente preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de este sector, cuyos salarios permanecen congelados desde enero de 2025.
¿Qué se espera de la reunión paritaria?
La CNTCP, integrada por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, se reunirá para analizar la evolución de las remuneraciones mínimas. Se espera que de esta discusión surja una propuesta de recomposición salarial, una demanda clave de los gremios ante el aumento constante del costo de vida.
El impacto de la inflación en el sector
Desde diciembre de 2023, los salarios de las trabajadoras de casas particulares aumentaron un 91%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 209,39%. Esta disparidad ha resultado en una pérdida salarial real del 38%, afectando significativamente el bienestar económico de más de 1.2 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país, muchos de los cuales se encuentran en la informalidad.
- Último aumento: El último incremento salarial fue del 2,5% en enero de 2025.
- Pérdida de poder adquisitivo: La inflación acumulada entre enero y mayo fue del 13,2%, erosionando el poder adquisitivo del sector.
- Reclamo gremial: Los gremios exigen una recomposición salarial urgente para mitigar el impacto de la inflación.
La resolución 2/2025, firmada por Sara Alicia Gatti, presidenta de la Comisión, formaliza la convocatoria, otorgándole voto doble en la toma de decisiones. La reunión se llevará a cabo en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la posibilidad de participación virtual.
¿Cuáles son los desafíos?
Uno de los principales desafíos será conciliar las demandas de los trabajadores con las posibilidades económicas de los empleadores, en un contexto económico complejo. La CNTCP deberá considerar la necesidad de proteger el poder adquisitivo de las empleadas domésticas, al tiempo que se garantiza la sostenibilidad del empleo en el sector.