El Gobierno nacional ha puesto en marcha el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), según lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. La medida implica la incorporación de capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente en manos del Estado.
¿Cómo se llevará a cabo la privatización?
El proceso se realizará a través de un esquema mixto, combinando una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico, y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores. Este modelo busca atraer tanto la experiencia de operadores especializados como la inversión de capitales diversos.
Adicionalmente, se contempla la permanencia de los empleados como accionistas de AySA, dentro del Programa de Propiedad Participada vigente, que representa el 10% del capital social de la empresa. Esto busca involucrar a los trabajadores en el futuro de la compañía.
Justificación de la medida
Según el Gobierno, desde su estatización en 2006, AySA ha requerido aportes significativos del Estado, ascendiendo a 13.400 millones de dólares. Se argumenta que indicadores clave muestran un deterioro en la infraestructura de la empresa, un aumento del 90% en la dotación de personal durante la gestión estatal, y un incremento en la morosidad por parte de los usuarios, alcanzando el 16%.
El rol de AySA en el suministro de agua y saneamiento
AySA es una empresa clave que garantiza el acceso al agua potable y servicios de saneamiento a más de 14 millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Su infraestructura incluye más de 27.000 kilómetros de redes de agua potable y desagües cloacales, plantas potabilizadoras y depuradoras.
La privatización, según el Gobierno, será regulada por la Comisión Nacional de Valores y busca modernizar el sector, mejorar el precio y la calidad del servicio.
Críticas y controversias
La decisión de privatizar AySA ha generado debate y controversia. Sectores de la oposición y organizaciones sociales han expresado su preocupación por el impacto que la medida podría tener en el acceso al agua potable y el saneamiento, especialmente para los sectores más vulnerables de la población. Se teme que la privatización pueda llevar a un aumento de tarifas y una disminución de la inversión en la expansión de la red en zonas desfavorecidas.