La justicia estadounidense ha dado un respiro a Argentina en el litigio por la reestatización de YPF. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió mantener en suspenso la sentencia que obligaba al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos buitre, en el marco de una disputa por 16.100 millones de dólares más intereses.
Esta decisión, que suspende temporalmente la orden de la jueza Loretta Preska, permite a Argentina evitar la entrega de garantías mientras se espera la resolución de las apelaciones. Además, el tribunal aceptó la figura de "amicus curiae" presentada por el gobierno de Estados Unidos, que ahora tendrá la oportunidad de presentar documentación de apoyo a la posición argentina.
La suspensión del fallo ha sido recibida con alivio en Argentina, aunque analistas advierten que la batalla legal aún no ha terminado. Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, calificó el dictamen como "lógico y bienvenido", destacando que frena la pretensión de los fondos especulativos de forzar un pago anticipado de una sentencia que aún puede ser revocada.
El rol clave del juez Menashi
Según fuentes cercanas al caso, el juez Steven J. Menashi, de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, jugó un papel crucial en la suspensión del fallo. Se le atribuye haber impulsado la decisión y allanado el camino para la intervención del Departamento de Justicia de EE.UU. en defensa de los intereses argentinos.
La suspensión de la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF representa un alivio estratégico y financiero para Argentina, permitiendo al país mantener el control mayoritario de la petrolera mientras continúa el proceso legal. La decisión también abre la puerta a una posible revisión de la deuda de 16 mil millones de dólares que originó el litigio.
Próximos pasos
La apelación de fondo contra la sentencia de septiembre de 2023, que condena a Argentina a pagar la mencionada suma, continúa su curso. Se espera que la resolución final del caso se produzca a finales de este año o en 2026. Mientras tanto, la participación del Departamento de Justicia de EE.UU. como "amicus curiae" podría fortalecer la posición argentina en el litigio.