La Justicia argentina ha puesto la lupa sobre la Obra Social de los Peones Rurales (OSPRERA), en medio de denuncias por presuntos manejos irregulares de fondos millonarios. La investigación se centra en pagos realizados a una droguería ya implicada en un escándalo anterior relacionado con supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Apenas dos meses después de asumir como interventor de OSPRERA, Marcelo Petroni firmó un acuerdo con una droguería para regularizar una deuda de cuatro meses y asegurar el suministro de medicamentos. Este contrato, ahora bajo la mira de la Justicia, involucra más de 100 facturas diarias que suman un total superior a los 7 mil millones de pesos.
La investigación ha revelado conexiones preocupantes con la empresa farmacéutica Suizo Argentina SA, la cual ya había sido señalada en el escándalo de ANDIS. Esta empresa, entre 2024 y 2025, habría facturado casi $50.000 millones a nueve provincias argentinas a través de al menos 250 contratos. Un informe del diario La Nación destaca un aumento significativo en los contratos de Suizo Argentina con dependencias del gobierno nacional, pasando de $3.900 millones a $108.000 millones en el mismo período.
Según un relevamiento realizado por Ruido, miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación, las provincias involucradas en estos contratos son Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Río Negro, San Luis, Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires destaca con montos que alcanzan los $34.000 millones.
La situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos y la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar si existieron irregularidades y responsabilidades en este caso. La Justicia deberá determinar si estos pagos se ajustan a la legalidad y si hubo perjuicio para la obra social y sus afiliados.
Implicaciones y Próximos Pasos
El avance de la investigación judicial será crucial para esclarecer los hechos y determinar si existieron actos de corrupción. Se espera que se cite a declarar a funcionarios y empresarios involucrados para aportar información relevante al caso. La sociedad argentina estará atenta al desarrollo de este proceso, que pone en tela de juicio la integridad de las instituciones y la correcta administración de los recursos destinados a la salud de los trabajadores rurales.