El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, admitió que el gobierno argentino analiza la venta de aproximadamente 70 mil hectáreas pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta medida ha generado controversia y preocupación en diversos sectores relacionados con la producción agropecuaria y la investigación científica.
¿Qué está pasando con el INTA?
Según Sturzenegger, de las 110 mil hectáreas que posee el INTA, solo 45 mil se utilizan actualmente para experimentación con fines comerciales y productivos. La propuesta del Ejecutivo es que las tierras restantes pasen a la Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que implicaría una pérdida de autarquía para el INTA.
Esta decisión se suma a otras medidas impulsadas por el gobierno, como la intervención y degradación del INTA y el INTI, así como el cierre de otros organismos como el INASE, INV, INPI, Ariccame e Inafci. Estas acciones han suscitado interrogantes sobre los motivos detrás de estos cambios, ya que, según diversos sectores, estos organismos funcionaban correctamente y no respondían a una demanda social o económica.
¿Cuáles son las posibles consecuencias?
La principal preocupación radica en el impacto que estas medidas podrían tener en el desarrollo agropecuario y la investigación científica en el país. El INTA, como organismo descentralizado y con autarquía, ha desempeñado un papel fundamental en la generación de conocimiento y tecnología para el sector. Al convertirlo en un ente desconcentrado y dependiente de la Secretaría de Agricultura, se teme una pérdida de independencia y una menor capacidad para llevar adelante sus funciones.
Además, la venta de tierras del INTA podría tener consecuencias negativas para la disponibilidad de tierras destinadas a la investigación y la experimentación, lo que podría afectar la capacidad del país para innovar y mejorar la productividad en el sector agropecuario.
¿Qué dice el gobierno?
El gobierno justifica estas medidas argumentando que el INTA está “sobredimensionado” y presenta “graves deficiencias administrativas”. Sin embargo, estas explicaciones no convencen a todos los sectores, que ven detrás de estas decisiones intereses privados y/o extranjeros relacionados con el valor de las tierras que maneja el INTA.